Redacción / La Voz de Michoacán

Austin, EUA. El Senado de Estados Unidos avaló este martes la nueva ley fiscal, que incluye una versión modificada del impuesto de 1 por ciento a las remesas enviadas al exterior.

El impuesto será para los envíos de dinero que se hagan tanto en efectivo, como en giros postales y cheques de caja, e incluye también los envíos hechos por ciudadanos estadounidenses.

La nueva ley fiscal inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Donald Trump.

Con este presupuesto, que el mandatario republicano ha calificado como una «ley grande y hermosa», el mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad se destinará, por amplio margen, a inmigración: será ocho veces mayor que todo el presupuesto del FBI y 13 veces superior al de la DEA.

La votación en el Senado devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes, donde debe se revisado de nuevo y conseguir la aprobación para convertirse en ley.

Con un gasto de casi 170,000 millones de dólares en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración -con unos 20,000 nuevos puestos-, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.

En concreto, la ley contempla más de 64,000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y 70,000 millones más destinados a la detención de migrantes, lo que incluye la construcción y el mantenimiento de los centros de retención y el transporte de los deportados.

Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas retenidas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.

Aumento de los costos de trámites migratorios y humanitarios

La ley también aumentará los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 1.000 dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países de origen.

El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.

Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110) y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).

Impuestos a las remesas y pérdida de beneficios fiscales

La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la economía de los migrantes en EE.UU., con un gravamen del 3,5 % a las remesas enviadas al extranjero.

Estados Unidos es el principal país emisor de remesas del mundo, según datos del Banco Mundial, con más de 85.800 millones de dólares enviados en 2023, según el centro Migration Policy Institute.

La ley también incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, lo que restringe aún más su ya limitado acceso a beneficios fiscales.

Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán acceder al programa de crédito fiscal para los hijos, que reduce el importe de los impuestos a pagar.

A su vez, se reducirán los fondos federales del programa Medicaid para los Estados que ofrecen servicios de salud a migrantes sin estatus legal y se prohibirá que algunos migrantes con estatus legal -entre ellos quienes tienen visas de trabajo o TPS- puedan acceder a seguros de salud con costos reducidos.