Morelia, Mich. | Redacción.- El Estado mexicano informó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los avances en la investigación del asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

El documento señala que la respuesta se emitió “en atención a la comunicación conjunta de los procedimientos especiales AL MEX 15/2025 sobre el asesinato del Sr. Bernardo Bravo Manríquez, identificado como defensor de derechos humanos”.

En el informe se detalla que “el 20 de octubre de 2025, autoridades ministeriales acudieron a un camino rural del municipio de Apatzingán, Michoacán, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino al interior de un vehículo”.

Tras el hallazgo, se realizaron diligencias iniciales, incluyendo “las primeras actuaciones ministeriales, el procesamiento de la escena y la recolección de indicios que posteriormente concluyeron con la identificación de Bernardo Bravo Manríquez”.

El documento agrega que “ese mismo día la Fiscalía General del estado de Michoacán inició una carpeta de investigación, por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bernardo Bravo Manríquez, en contra de quien resulte responsable”.

De acuerdo con el informe, el Ministerio Público desarrolló diversas actuaciones orientadas al esclarecimiento del caso, entre ellas “la intervención en el lugar de localización de la víctima, el procesamiento de la escena, la recolección y aseguramiento de indicios, así como la coordinación con corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno”.

Asimismo, se precisa que “se han recabado entrevistas y declaraciones de personas relacionadas con los hechos, integrándose información relevante para el fortalecimiento de las líneas de investigación”.

El documento indica también que las autoridades “han solicitado y obtenido autorizaciones judiciales para la obtención de información en materia de telecomunicaciones, así como para la implementación de técnicas de investigación previstas en la legislación aplicable”.

Como parte de la indagatoria, se elaboraron “dictámenes periciales en diversas especialidades forenses, criminalísticas y técnicas, con la finalidad de robustecer los elementos de prueba dentro de la indagatoria”.

El informe agrega que se realizaron “análisis de dispositivos electrónicos, registros de comunicación, material audiovisual e indicios materiales asegurados”, además de otras actuaciones ministeriales.

Finalmente, el Estado mexicano informó que “actualmente se cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, libradas el 5 de noviembre de 2025 por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral competente”.

El documento concluye que la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene diligencias “para la posible obtención de órdenes de aprehensión adicionales y la plena determinación de responsabilidades, tanto materiales como intelectuales”.