Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. La bandera del combate al nepotismo ha estado presente en el discurso oficial de este gobierno y el anterior a nivel federal, ya que este problema es una de las caras más visibles de la corrupción en México. Es por esa razón que esta fue una de las justificaciones principales con las que se impulsó y aprobó la reforma para sustituir a los integrantes del Poder Judicial mediante elecciones.

En los documentos de la reforma y en la discusión pública el gobierno citó ampliamente diversas investigaciones publicadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde 2017, en donde la organización registró que 51% de los juzgadores tenían algún familiar en un cargo judicial.

Al revisar los vínculos familiares de quienes a partir de hoy integran los órganos más importantes del Poder Judicial de la Federación, después de la elección judicial de 2025, MCCI identificó que 56% de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen al menos un familiar con puesto en el gobierno o que ha recibido contratos públicos. En el caso del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 60% de sus integrantes están en esta situación. En la nueva conformación de la Sala Superior del Tribunal Electoral este porcentaje sube hasta 71%.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

En la nueva conformación de la SCJN, con nueve integrantes en lugar de 11, MCCI identificó 5 ministras y ministros con familiares vinculados al gobierno, 56% del total del pleno. Estos ministros tienen un total de 11 vínculos familiares, destacando el caso de Lenia Batres, que tiene seis parientes en puestos públicos.

Lenia Batres Guadarrama

Su exesposo, Ulises Lara López, es titular de la Fiscalía General de la República en Morelos. Su hijo, Emiliano Batres Guadarrama, es jefe de Departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Su hermano, Martí Batres Guadarrama, es director general del ISSSTE, y su hermana, Valentina Batres Guadarrama, es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México. Su cuñada, Daniela Cordero Arenas, es titular del Fondo para el Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México. Su tío, Alejandro Bichir Batres, fue embajador de México en Panamá de febrero de 2023 a noviembre de 2024.

María Estela Ríos González

Su hija, Magali Iraís Mendoza Ríos, es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En 2004, Magali Irais Mendoza Ríos era secretaria de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuando la actual ministra Ríos era Consejera Jurídica del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

Arístides Rodrigo Guerrero García

Su madre, Rosa Margarita García Culebro, trabaja como apoyo administrativo en salud en el ISSSTE. Su hermano, Diego Armando Guerrero García, era técnico especializado en Conagua, pero en la reciente elección judicial se convirtió en magistrado del Tribunal de Disciplina de Justicia de la Ciudad de México. Diego Armando también es conductor de los programas “Derecho a Debate” en Radio UNAM y “Cultura al Derecho” en el Canal 22.

Sara Irene Herrerías Guerra

Su pareja, Oscar Langlet González, es consejero general de la Fiscalía General de la República y ha trabajado junto a la ministra Sara Irene en la misma FGR desde la gestión de Enrique Peña Nieto.

Yasmín Esquivel Mossa

Si bien no se identificaron familiares en puestos de gobierno, su esposo, José María Riobóo, fundó la empresa Consultoría Metropolitana de Ingeniería (Cominsa), la cual ha recibido durante los gobiernos de Morena al menos nueve contratos del Metro de la Ciudad de México por 108.9 millones de pesos.

Tribunal de Disciplina Judicial

El TDJ es el nuevo órgano encargado de vigilar, investigar y sancionar las faltas éticas y profesionales de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. De sus cinco integrantes, tres (60%) tienen familiares como funcionarios de gobierno, con un total de nueve vínculos familiares que representan casos de potencial nepotismo

Bernardo Bátiz Vázquez

Su hija, Susana Bátiz Zavala, es consejera de la Judicatura de la Ciudad de México. Su nieto, Hueman Bernardo Manríquez Bátiz, es profesional operativo en la Secretaría General de Acuerdos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de abril de 2025, antes estuvo en la jefatura del Departamento de los Consultivo y Normatividad del Servicio de Protección Federal. Su yerno, Hueman Jorge Manríquez Miranda, estuvo en la jefatura del departamento de aprovisionamiento y distribución de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hasta el 21 de mayo de 2025.

Eva Verónica de Gyvés Zárate

Su esposo, Rafael Guerra Álvarez, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Su hermano, Jesús Francisco de Gyvés Zarate, es secretario de apoyo en la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del TEPJF. Su sobrino, Álvaro Francisco Vázquez De Gyvés, es director de Control y Regulación de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos en la Secretaría de Gobernación; antes fue director general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en AMEXCID, de 2019 a 2025. Jorge Antonio Vázquez de Gyvés, que también es sobrino de la magistrada, es secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en la Suprema Corte. Su sobrina política, Verónica Giovanna Guzmán Vélez —que es esposa de su sobrino Jorge Antonio Vázquez—, es secretaria proyectista de sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Rufino H. León Tovar

Su hija, Ximena H. León López, es auxiliar en digitalización de la Primera Sala, Ponencia Uno, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Sala Superior del Tribunal Electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía dos asientos vacantes que fueron asignados mediante la elección judicial de 2025, completando las siete magistraturas que lo conforman. De estos siete funcionarios, cinco tienen familiares identificados en puestos de gobierno, 71%, con un total de siete vínculos de potencial nepotismo.

Mónica Aralí Soto Fregoso

Su esposo, Miguel Leonardo Díaz Cuadras, es asesor del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Su hermano, César Soto Fregoso, es asesor político institucional y de Participación Ciudadana del Tribunal Estatal Electoral del estado de Baja California Sur. Su padre, Eligio Soto López, es asesor de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa en la SCJN.

Claudia Valle Aguilasocho

Recién llegada a la Sala Superior tras la elección judicial de 2025, tiene un hermano, Germán Valle Aguilasocho, que es jefe de Departamento del Consejo de la Judicatura Federal de Baja California.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Su hijo, Carlos Felipe Fuentes del Río, trabaja en el despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del gobierno de Quintana Roo.

Gilberto de Guzmán Bátiz García

Es el segundo magistrado electo en 2025 para integrar la Sala Superior. Su esposa, Elisheba Goldhaber Pasillas, es jueza de primera instancia en funciones en el Poder Judicial del estado de Chiapas.

Janine M. Otálora Malassis

Su hijo, Rafael Jean Otálora Malassis, es secretario de apoyo jurídico regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El nepotismo, intocado

El nepotismo es una forma de apropiación o captura del aparato estatal por parte de ciertas familias. Este fenómeno permite que quienes ya ostentan poder extiendan su influencia para que familiares o amigos accedan a puestos y recursos públicos sin que necesariamente cuenten con las credenciales necesarias para dicho cargo. Esta es una consideración importante, pues tener un familiar en el gobierno es una condición necesaria, mas no suficiente, para acreditar nepotismo.

En el pasado se han publicado leyes secundarias para prohibirlo y castigarlo, al punto que existen disposiciones previas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas e incluso en la Ley de Austeridad Republicana. Sin embargo, este problema nunca se ha atendido de manera integral.

El último intento para abordarlo fue la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum de marzo de este año, que impide que familiares directos se postulen al mismo cargo de elección popular. Esta medida ha sido presumida como el fin del “nepotismo electoral”, pero nuestros análisis han mostrado que esta medida no combate realmente todas las formas de nepotismo que sigue existiendo.

En la revisión realizada al Poder Ejecutivo Federal, MCCI identificó siete de los 23 secretarios de Estado de Claudia Sheinbaum con familiares en otros puestos de gobierno, 30% del total de su gabinete.

Para el caso del Poder Legislativo, al revisar los perfiles de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, se halló que donde seis de las 16 personas que integran la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva (38%) tienen familiares con algún cargo público. Para el caso del Senado de la República, esto sucede con nueve de los 21 integrantes (43%).

Ninguna de estas relaciones que documentamos entra en la jurisdicción de la reforma contra el nepotismo de la presidenta Sheinbaum, lo que demuestra la insuficiencia de la medida. Pero además de que esta nueva ley se comenzará a implementar hasta 2030, su campo de aplicación se restringe a cargos de elección popular, dejando fuera a todos los puestos dentro del aparato administrativo del gobierno federal. Además, la reforma únicamente impide que los familiares se postulen al mismo cargo de elección ocupado por su pariente. Por tanto, si un familiar ocupa un cargo distinto, la ley no lo considera nepotismo, como sucede con los 10 familiares en el poder del diputado Ricardo Monreal o los seis parientes en el gobierno de la ministra Batres.

Además, la reforma señala que si pasan tres años desde que un político dejó el cargo, ya no hay impedimento para que un familiar suyo ocupe el puesto. Esto es relevante porque, en el caso de los gobernadores, de los 193 mandatarios estatales que han habido entre 2000 y 2025, 25 de ellos tenían familiares que ocuparon directamente el mismo cargo en otro momento. Sin embargo, solo tres de estos 25 casos (12%) hubieran sido susceptibles de ser prevenidos si la reforma hubiese existido desde antes.

Por si fuera poco, existe un último resquicio legal importante. La Constitución ahora establece que el impedimento aplica únicamente si el parentesco es con “la persona que ejerce el cargo para el que se postula”. Esto podría abrir la puerta a esquemas para burlar la norma, como colocar a un suplente o interino justo antes del proceso electoral, de modo que el familiar pueda competir sin restricciones aparentes.

*Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: