Editorial

En el estado, la verdad se ha convertido en un territorio en disputa, donde el discurso oficial se aferra a la soberanía, mientras la realidad en la calle obedece a otras lógicas.

La captura de figuras emblemáticas se presenta como el fin de la impunidad; sin embargo, el ciudadano común sigue midiendo la paz por la libertad de transitar sin miedo.

El Gobierno de Michoacán insiste en canales únicos de información, calificando como incidentes aislado lo que para el sector privado representa una parálisis de actividades, parcial o total.

Mientras las áreas de seguridad emiten comunicados de control de la situación, en grupos de determinadas de redes sociales la narrativa del vacío del poder se socializa con una velocidad que ninguna pauta oficial puede frenar.

Esa desconfianza crónica no es gratuita, sino el resultado de años, en donde la propaganda delictiva ha llenado los huecos de una comunicación social que suele llegar tarde.

Al final, la verdad histórica que busca la parte oficial, incluso a través de procesos forenses choca frontalmente con el impacto psicológico inmediato que dicta el cierre de cortina en regiones.

Si, Michoacán vive bajo dos mandos, uno que intenta administrar la legalidad desde los escritorios y otro que domina la percepción social que da la incertidumbre y el temor.

De qué sirve recuperar la soberanía en el papel si la gobernanza cotidiana sigue sujeta al dictado de un mensaje de whatsapp que nadie en el ente gubernamental se atreve desmentir en los hechos.