La justicia en Michoacán se asemeja a una partida de ajedrez donde las piezas negras visten de gala. Arantepacua, herida en abril de 2017, observa cómo ese juego político se acomoda con precisión quirúrgica, mientras las víctimas esperan respuestas y los hilos del poder se mueven en la sombra.

Mientras las órdenes de aprehensión vuelan sobre la figura de Silvano Aureoles, un silencio sepulcral envuelve a quien fuera su principal alfil. Adrián López Solís, el estratega de la política interna en aquellos tiempos convulsos, ha preferido el refugio discreto de la fe pública, diseñando su transición para evitar el juicio social.

No es que la memoria colectiva se haya diluido en la meseta purépecha, es que el poder en el estado sabe mutar para sobrevivir. De la oficina de la Fiscalía General, donde reposan los expedientes del caso, el paso natural y conveniente fue hacia el sello notarial, garantizando un retiro cómodo y alejado de la turbulencia legal.

Dicen los los que configuran escenarios políticos que la renuncia anticipada al cargo no fue producto del cansancio ni del deber cumplido, sino de un pacto de caballeros. Se rumora que fue una estrategia de protección mutua en los niveles más altos, donde la responsabilidad se intercambia por privilegios de largo aliento.

Se trata de una salida lateral, decorada con el folio de una notaría pública, ideal para tratar de evitar el vendaval de las capturas que hoy sacude al perredismo. Así, mientras el pasado reclama justicia por la sangre derramada, el presente ofrece notarías como escudos frente a la ley, concluyendo que los mismos jugadores de siempre sigan ganando la partida.