- Presuntamente exigían 3 millones de pesos a la víctima para permitirle continuar con sus actividades productivas
Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y a la Extorsión, obtuvo vinculación a proceso contra Jorge Miguel “N” y Marcos “N”, por su posible participación en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un productor de aguacate del municipio de Salvador Escalante.
De acuerdo con los datos de prueba que integran la investigación, el 20 de febrero de 2026, la víctima, propietaria de una huerta de aguacate, comenzó a recibir mensajes mediante los cuales le exigían la cantidad de 3 millones de pesos a cambio de permitirle continuar con sus actividades laborales.
Posteriormente, el 25 de marzo, varias personas fueron sorprendidas y detenidas en flagrancia mientras presuntamente sustraían aguacate de la huerta; sin embargo, Jorge Miguel “N” y Marcos “N” lograron darse a la fuga.
Como parte de las investigaciones, se estableció que ambos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades por hechos relacionados con un delito distinto, circunstancia que permitió continuar con las diligencias para esclarecer su posible participación en el caso de extorsión.
Derivado de las diligencias realizadas, el Ministerio Público reunió los datos de prueba necesarios para establecer la posible participación de los investigados en los hechos y presentarlos ante la autoridad jurisdiccional.
Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Jorge Miguel “N” y Marcos “N” por el delito de extorsión agravada, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGE refrenda su compromiso de investigar y combatir los delitos de extorsión que afectan la seguridad, el patrimonio y las actividades productivas de las y los michoacanos, mediante acciones encaminadas a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
