+Los imputados portaban armas exclusivas del Ejército y utilizaban un vehículo con balizaje oficial sin pertenecer a ninguna corporación

RED 113 MICHOACÁN/Redacción 

Buenavista, Mich.- 11 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Regional de Apatzingán obtuvo vinculación a proceso en contra de Jesús Antonio “N”, Diego Noé “N”, Jorge Armando “N”, Yuret Guadalupe “N”, Carlos Arnoldo “N” y Abel “N”, por su posible relación en delitos relacionados con el uso indebido de uniformes, insignias y armamento de uso exclusivo del Ejército.

La investigación se originó el 04 de octubre, derivado de un recorrido de seguridad, donde agentes de investigación escucharon detonaciones de arma de fuego, en una caseta de la Policía Municipal ubicada a un costado de la carretera Apatzingán – Tepalcatepec. 

En el lugar se localizaron los cuerpos sin vida de dos un hombre y una mujer uniformados como policías municipales y de otro civil.

Durante las actuaciones, los seis investigados se identificaron como policías municipales, exhibiendo supuestas credenciales oficiales. Además, vestían uniformes con logotipos de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil, portaban chalecos tácticos y tenían a su disposición un vehículo tipo patrulla rotulado como Policía Municipal.

Al verificar su identidad, la Dirección de Seguridad Pública de Buenavista informó que ninguno de los detenidos pertenecía a su corporación, ni estaban adscritos como personal del municipio. Asimismo, el vehículo balizado y las armas que portaban no forman parte del patrimonio oficial, y el armamento corresponde a los de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por lo anterior, la Fiscalía formuló imputación por los siguientes delitos:

  •    Uso indebido de uniformes, gafetes y siglas de instituciones de seguridad pública.

    •    Utilización de vehículo con balizaje y colores similares a los empleados por corporaciones oficiales.

    •    Portación de armas reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada.

Con los datos de prueba aportados, el Juez de Control determinó vincularlos a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.