Morelia, Mich. | Agencia ACG.– Víctimas de la delincuencia, acompañadas por dirigentes del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, denunciaron la violencia, impunidad, devastación ambiental y omisión de las autoridades en distintas regiones del estado, durante una rueda de prensa realizada en la capital michoacana.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de un hombre que relató el asesinato de integrantes de su familia, al señalar entre lágrimas: “Me mataron a mi hijo y a mi nuera y los hicieron cenizas”, al exigir justicia y una respuesta real por parte de las autoridades.
Los denunciantes señalaron que los homicidios y crímenes continúan, particularmente porque las víctimas no son figuras públicas ni actores políticos, lo que —dijeron— provoca que no se instalen bases de operaciones ni acciones de seguridad efectivas. En ese contexto, criticaron el silencio institucional frente a la violencia cotidiana que se vive en Morelia y otras regiones del estado.

Durante la rueda de prensa, junto al dirigente estatal, Guillermo Valencia Reyes, también se expusieron amenazas, atentados y actos de tala ilegal en la zona de Villa Madero, Jesús del Monte del municipio de Morelia y los límites con Tzitzuo, y otras comunidades pertenecientes al municipio de Morelia. Un integrante de los comités ambientales relató que el pasado 6 de noviembre sufrió un atentado criminal en el canal de Madero, y que desde meses atrás ha denunciado la devastación del bosque y la extracción ilegal de madera sin que exista una intervención contundente.

El denunciante responsabilizó directamente a Ramón García y a su hijo Edwin Ramón García, a quienes señaló como presuntos líderes de acciones vinculadas con actividades delictivas en la región, así como de intimidaciones para impedirle el acceso a propiedades familiares. Indicó que, aunque la intervención de la Guardia Civil municipal evitó un enfrentamiento reciente, posteriormente recibió mensajes en los que se le prohibía la entrada a un rancho, lo que incrementa el riesgo para su integridad.

Asimismo, advirtió que muchas denuncias no avanzan por miedo o por la falta de seguimiento de las autoridades, por lo que exigió a la Fiscalía General del Estado emitir dictámenes y fincar responsabilidades. También alertó sobre la presunta instalación de laboratorios y la devastación de zonas boscosas, lo que representa un grave daño ambiental y un riesgo para la población.

“Antes que todo, el bosque es de todos y la mayoría de la gente lo ha protegido. Es indispensable la intervención de las autoridades”, reiteró uno de los participantes, al agradecer el espacio para visibilizar la problemática.

Los asistentes exigieron a la Fiscalía y a los gobiernos estatal y federal acciones inmediatas, no discursos, para frenar la violencia, proteger a las víctimas y garantizar justicia en Michoacán