Salvador García Espinosa
En unos meses, el 11 de junio de 2026 iniciará la Copa Mundial de Futbol y se puede decir que, más allá de los entrenamientos y ejercicios de preparación que llevan a cabo los equipos deportivos que participarán, las ciudades sede también comienzan sus preparativos. Como en otros casos similares, como la celebración de olimpiadas, torneos de tenis, algunos conciertos o fechas de la Fórmula 1 y demás eventos, éstos constituyen, en diferente magnitud, una gran oportunidad desde la perspectiva económica, pero a la vez, un gran reto de transformación.
Como en la mayoría de los casos, siempre hay dos caras de una misma moneda, la celebración del mundial sin duda se espera que provoque una derrama económica sin precedentes y una visibilidad mundial para el turismo y la imagen del país. Sin embargo, lo que parece olvidarse o al menos no mencionarse con la misma frecuencia en las notas periodísticas, son los conflictos y resistencias que surgen ante la dinámica propia de estos eventos.
Desde ahora y por lo menos hasta después del mundial, el discurso de la gentrificación cederá paso a las buenas noticias porque el hospedaje en hoteles no se dará abasto con las reservaciones, y eso ha desatado una demanda por la renta de casas, departamentos y cuartos en las ciudades sede y más específicamente en las inmediaciones de los estadios donde se celebrarán los encuentros deportivos. Para dimensionar esta demanda, solo basta imaginar que más allá de los equipos deportivos y su personal técnico, viajarán a las ciudades sede personal de medios informativos y cadenas televisivas que cubrirán la justa deportiva, además de los miles de espectadores, empleados de las compañías que patrocinan los eventos o de quienes ven la oportunidad de promocionar sus productos, etcétera.
Algo similar ocurrirá con los restaurantes, fondas y cualquier expendio de alimentos, donde la presencia de turistas extranjeros será propicia para incrementar el costo de sus productos, olvidándose de los consumidores cotidianos. En otras palabras, miles de personas podrán aprovechar el Mundial para incrementar sus ingresos, aunque eso signifique que se encarezca el costo de la mayoría de los servicios.
En este contexto, ya se comienzan a presentar conflictos entre lo establecido y lo demandado. Un ejemplo es el conflicto acontecido la semana pasada entre los concesionarios de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los prestadores de servicios a través de plataformas digitales como Uber, Didi o Lyft. La disputa no es menor: el potencial de usuarios se estima en más de 48 millones de viajeros al año; si bien la confrontación inició desde 2013 cuando comenzó operaciones Uber, el Mundial viene a reavivar dicho conflicto.
Todos los que alguna vez hemos utilizado un aeropuerto en cualquier ciudad del país, sabemos que el costo del servicio es sumamente alto si se compara con otros taxis de la ciudad o más aún con los de plataformas digitales. El argumento es que la legislación actual estipula que solo los vehículos con concesión federal pueden recoger pasajeros en puertos y aeropuertos. Se ignora por qué no se ha cambiado dicha legislación, el hecho es que en todos los aeropuertos se oferta un servicio clandestino o denominado “pirata” por carecer de los permisos, o bien se observa a los viajeros caminar hasta salir de la zona federal “restringida” para poder abordar su Uber.
En el caso específico del AICM, en octubre de 2025 una jueza federal concedió a la empresa Uber una suspensión definitiva que impide a las autoridades detener o sancionar a conductores mientras se resuelve el juicio, y la resolución ordena que durante el proceso judicial no se detenga ni se multe a quienes recojan o dejen pasajeros en aeropuertos. Parece, por el bien de todos, que ha llegado el momento de resolver dicho conflicto de forma definitiva.
Lo que está de fondo es, sin duda, un cambio en las circunstancias actuales del país, donde el caso de las concesiones de taxis, en aeropuertos y centrales de autobuses, es son solo una muestra de un esquema del pasado, con base en el otorgamiento de concesiones que garantizaba una base gremial a la cual recurrir en momentos electorales y que funcionó hasta antes de la apertura comercial de los procesos de globalización calificados como neoliberales, donde el tema central es el libre mercado y los derechos de los consumidores a elegir lo que les conviene a su bolsillo. La participación de México en el Mundial es también una aceptación explícita de participar en procesos de competitividad global.
