Morelia, Michoacán, 15 de octubre 2026.- Toño Carreño Sosa reconoció las fortalezas que se tienen en el marco jurídico de Michoacán, a partir de la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al armonizar sus disposiciones con la legislación general, e incorporar estándares internacionales de derechos humanos.

El diputado de Movimiento Ciudadano, expresó que la aprobación de dicha ley no debe significar un cheque en blanco al gobierno; “como oposición responsable tenemos la obligación de señalar aquello que todavía debe atenderse para que esta ley no termine convertida en una promesa escrita que las instituciones sean incapaces de cumplir”.

Así que, el legislador de la Bancada Naranja expuso la exigencia de acompañar este ordenamiento con presupuestos suficientes, personal capacitado, vehículos, laboratorios, tecnología y herramientas para realizar las búsquedas. No debe limitarse a la creación de unidades especializadas.

Además de comenzar las búsquedas de inmediato, sin prejuicios, excusas ni obstáculos burocráticos. Son necesarios protocolos claros, coordinación efectiva y consecuencias para las personas servidoras públicas que incumplan sus obligaciones. Cada demora injustificada puede profundizar el sufrimiento de una familia y comprometer las posibilidades de encontrar a quien falta.

Toño Carreño agregó la exigencia en la seguridad de quienes buscan y es que no se debe pedir a las familias que colaboren con las autoridades y dejarlas después expuestas a la violencia; los colectivos necesitan mecanismos efectivos de prevención, protección y respuesta inmediata ante cualquier amenaza durante sus actividades.

Es fundamental, dijo, la transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía conozca resultados verificables; cuántas personas han sido localizadas, cuántos casos avanzan, qué rezagos persisten y qué recursos se ejercen. Estos indicadores deben ser públicos y estar sujetos a evaluación independiente, con participación de las familias y los colectivos.

Finalmente, Toño Carreño enfatizó que ninguna familia debería buscar sola, y ninguna autoridad debería olvidar que encontrar a una persona desaparecida es una obligación del Estado, no un favor que se le hace a la sociedad.