Morelia, Michoacán
Sí a la reducción de la jornada laboral en México, de 48 a 40 horas semanales, propuesta en el Congreso de la Unión, dice la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Morelia, pero con medidas que impidan afectaciones que pongan en riesgo la viabilidad de las empresas.
De acuerdo con el presidente de la Canacintra Morelia, Aramís Sosa Cedeño, 60 por ciento de la población económicamente activa ocupada labora en la informalidad, lo que es alrededor de 1.2 millones de personas que no cuentan con seguridad social y prestaciones en el trabajo.
Además, una parte importante de las empresas y los negocios en la entidad no se inscriben en la formalidad, “no porque no quieran, sino porque no pueden costear los costes de formalizarse”.
La reducción de la jornada laboral, aplicada sin medidas como la progresión y apoyos fiscales, podría agravar estas condiciones, especialmente entre las micro y pequeñas empresas y negocios.
“En Michoacán, la economía la mueven los pequeños talleres en Uruapan, las fondas en Zamora, los comercios familiares en Apatzingán y las maquilas en Morelia, empresas que ya enfrentan desafíos de inseguridad, baja productividad y elevados costos de operación”, expuso Aramís Sosa.
Reiteró que “no se trata de frenar el cambio, se trata de que el cambio funcione para todos, sobre todo, para quienes hoy sostienen con gran esfuerzo a miles de negocios familiares y microempresas que generan el empleo local”.
El presidente de la Canacintra Morelia mencionó que el sector cuenta con tres propuestas que, adaptadas a la realidad de la entidad, pueden contribuir a mitigar el impacto de una reducción de la jornada laboral.
Estas son la gradualidad sectorial hacia 2030, ya que “no es lo mismo un restaurante con tres empleados que una ensambladora industrial, necesitamos aplicar la reforma de forma escalonada, empezando por sectores con mayor formalidad y capacidad operativa, incentivos reales a la formalidad, como subsidios para cuotas obrero patronales, créditos accesibles y reducción de trámites”.
También la creación de un observatorio regional de transición laboral que dé seguimiento al impacto de la medida y verifique la evolución del desempeño de las empresas y negocios.
“Nuestra postura es clara: sí al trabajo digno, sí a la productividad, sí a la formalidad, pero con condiciones reales y viables para cada región y cada sector. Estamos aquí para sumar, para proponer y para construir una transición laboral que realmente fortalezca a nuestras empresas, y no que las empuje al margen”, afirmó.
