Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- Con el objetivo de abrir un amplio espacio de diálogo con la sociedad y recoger propuestas que fortalezcan la protección de las garantías individuales, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Congreso del Estado de Michoacán y la Secretaría de Gobierno iniciarán este jueves 12 de marzo, en Lázaro Cárdenas, una serie de parlamentos abiertos regionales. Este ejercicio de participación, sin precedentes en la entidad, busca consolidar una reforma integral a la ley del organismo.

Los foros buscan propiciar un ejercicio de análisis y reflexión colectiva sobre diversos temas prioritarios en la agenda de derechos humanos, mediante la participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, universidades y ciudadanía en general.

La CEDH Michoacán subraya que, ante la evolución constante de la sociedad, es vital actualizar los marcos jurídicos que garantizan su protección. Así, los resultados de estos parlamentos serán el insumo base para fortalecer al organismo e impulsar una legislación que responda con eficacia a las realidades actuales del estado.

“Durante más de tres décadas, la CEDH ha acompañado a miles de personas en la defensa de sus derechos. Sin embargo, los desafíos sociales se transforman y las instituciones también deben evolucionar para responder a nuevas demandas ciudadanas”, explicó el titular de la comisión, Josué Mejía.

Por su parte el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla garantiza y promueve el respeto a los derechos humanos en cada una de las áreas del Poder Ejecutivo; ante ello dijo que con los parlamentos se tendrá una visión más amplia de las expresiones de las y los michoacanos sobre el tema.

Bajo esa convicción, se impulsará un proyecto de reforma integral a la ley de la CEDH, con el propósito de modernizar su funcionamiento, fortalecer sus capacidades institucionales y recuperar plenamente su fuerza moral como institución pública al servicio de la sociedad.

Los objetivos de esta reforma se centran en: robustecer la participación ciudadana; garantizar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas; y crear unidades especializadas para la atención prioritaria de grupos vulnerables, como mujeres, niñez, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes y comunidades de la diversidad sexual.

En estos espacios se desarrollarán mesas de trabajo para abordar temas como diversidad sexual, erradicación de la violencia contra las mujeres, salud, discapacidad, medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas.