En Morelia, más de 20 mil infractores han cumplido trabajo comunitario como sanción, promoviendo la conciencia social.
Morelia, Michoacán.-Desde enero de 2022 hasta la fecha, el sistema de justicia cívica del municipio de Morelia ha canalizado a 20 mil 351 personas infractoras a realizar trabajo comunitario, como sanción alternativa a multas o arrestos.
De ese universo, el 66.6 por ciento ya ha cumplido con sus horas asignadas, mientras que un 19.8 por ciento continúa en proceso y un 13.7 por ciento permanece en incumplimiento, según cifras oficiales presentadas este viernes por el titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Alarcón.
La convocatoria a medios de comunicación tuvo como objetivo exponer los resultados del modelo de justicia cívica municipal, que sanciona infracciones de tránsito y faltas administrativas mediante audiencias con jueces cívicos.
Los jueces determinan si la sanción se conmutará por arresto, multa o trabajo comunitario. Este último ha sido reforzado con la intención de generar conciencia social y evitar la reincidencia.
“Tenemos 537 mil 65 horas impuestas por los jueces cívicos, de las cuales 351 mil 520 ya han sido cumplidas”, detalló Alarcón, quien subrayó que este esquema se aleja de una lógica punitiva o recaudatoria para centrarse en “componentes terapéuticos y de cultura de legalidad”.
Del total de canalizaciones, 10 mil 200 corresponden a infracciones de tránsito, 6 mil 700 a faltas administrativas, 3 mil 274 a operativos de alcoholímetro, y 86 personas acudieron voluntariamente tras recibir una boleta de infracción.
Actualmente hay 22 instituciones con convenio de colaboración, entre ellas el DIF Morelia, la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Residuos Sólidos.
Algunas de las actividades incluyen limpieza de espacios públicos, pintura de mobiliario urbano, apoyo en la ciclovía recreativa dominical y labores en el Banco de Alimentos.
“El trabajo comunitario puede sustituir el pago de multas, y se asigna tras un tamizaje que evalúa si la persona tiene alguna adicción o problema de salud mental. En esos casos, se canaliza a instituciones que ofrecen terapias gratuitas”, explicó el funcionario.
El modelo también ha implicado un seguimiento puntual: si una persona reincide tras no cumplir su sanción, se le retira la posibilidad de conmutar y se le impone multa o arresto.
En casos extremos de reincidencia, se ha detectado un grupo de alrededor de 25 personas con severos problemas de salud mental o adicciones, que ya son conocidas por jueces y agentes, y para quienes se ha iniciado coordinación con el Hospital Psiquiátrico de Morelia.
Al ser cuestionado sobre quién regula a los jueces cívicos, Alarcón indicó que se han aplicado 371 encuestas a usuarios, con un 95 por ciento de satisfacción, y que cualquier inconformidad puede ser canalizada al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
“El sistema funciona, pero reconocemos que siempre hay áreas de oportunidad para mejorar. Por eso hubo un acercamiento reciente con el ombudsperson”, señaló.
El modelo de justicia cívica de Morelia ha sido replicado en otros municipios del país, según ha sostenido el presidente municipal Alfonso Martínez.
Aunque el porcentaje de cumplimiento es alto, el funcionario reconoció que entre el 25 y el 30 por ciento de las personas infractoras optan por el trabajo comunitario, lo que implica que la mayoría aún elige pagar multas, pese a que estas pueden alcanzar hasta 60 UMAs.
La presentación concluyó con un llamado a ampliar la red de instituciones participantes y a visibilizar los testimonios de éxito de personas que han mejorado su calidad de vida tras ser canalizadas a componentes terapéuticos.
