La pregunta que este fin de semana ha quedado plasmada en las intervenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Felipe Calderón es, en esencia, la misma: ¿quién decide en México? No me parece una cuestión menor. Es más, en contextos de claro antagonismo político como el actual, me parece más importante que nunca matizar ambas posturas: ¿Decide Estados Unidos y no debemos permitirlo? ¿Lo hace el crimen organizado y vamos años tarde? ¿Lo hacen los grandes capitales, pero de ellos mejor no hablamos? ¿O una clase política incompetente a la que poco le importamos? ¿Por qué las posturas parecen panfletos partidistas antagónicos y no un sentir ciudadano?

Para entrar de lleno en este debate debemos abordar los sistemas de representación democrática: la democracia representativa y la directa. En una entrevista con Carlos Bravo Regidor publicada en el portal Gatopardo, David Altman —profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile— habla sobre el contraste entre ambos mecanismos. El primero, entendido como aquel en el que se celebran elecciones periódicas para elegir representantes populares; el segundo, en el que se fomenta una participación más activa de la ciudadanía a través de referendos, plebiscitos, iniciativas populares y asambleas ciudadanas.

Advierte que no es sencillo para un país llegar a implementar de manera efectiva la democracia directa. Esta puede darse por tres motivos principales: "Primero, una crisis que crea la necesidad de encauzar el conflicto, ampliando los canales de participación e involucrando a la ciudadanía. Segundo, un recuerdo más o menos fresco de una experiencia previa en la que se usó este instrumento. Tercero, un nivel de democracia relativamente alto, que se traduce en un régimen más o menos consolidado".

México no cuenta con ninguna de las tres condiciones expuestas por Altman: el gobierno conserva amplios niveles de popularidad a pesar del desgaste reciente, lo que diluye cualquier sensación de crisis. Tampoco existe un recuerdo fresco de una consulta ciudadana, salvo las impulsadas durante el sexenio de López Obrador, organizadas desde el poder y con una participación menor al 3% del padrón electoral.

Además, el proyecto de investigación V-Dem catalogó recientemente a México como una "autocracia electoral", con lo que perdió el estatus de democracia. En un escenario como este, parece más probable la continuación de una regresión democrática que implemente mecanismos de democracia directa "de fachada" y con fines políticos, como la revocación de mandato, antes que una verdadera voluntad del gobierno por involucrar a los ciudadanos en temas de trascendencia nacional. De ser así, los temas sometidos a las consultas recientes habrían sido distintos de las megaobras gubernamentales o el juicio a los expresidentes.

Con todo, como advierte Altman, la democracia directa, incluso en sus versiones más virtuosas, no resuelve todos los problemas. Considero que, si los partidos políticos no salen de sus estrechas ventanas ideológicas, los ciudadanos se inclinarán cada vez más en exigir la implementación de estos mecanismos. O, por el contrario, serán seducidos por opciones que busquen romper agresivamente con el statu quo, incluso a costa de perder más garantías democráticas. Por desgracia, mientras no existan mecanismos reales de democracia directa, o mientras la calidad de la democracia se vea mermada por la captura del árbitro electoral —sin importar el partido en el poder—, está claro que quienes decidan en México no serán los ciudadanos.

Emiliano Medina

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