Por criminalizar ideas y derecho a la expresión, periodistas y activistas promueven amparos contra reforma penal en Michoacán.
Morelia, Michoacán.- Este lunes periodistas, activistas y ciudadanos, promovieron ante el Poder Judicial de la Federación, juicios de amparo en contra de la reforma al Código Penal del Estado aprobada por el Congreso en mayo pasado, por considerar que con ella se criminalizan las ideas y el derecho a la expresión.
La medida, promovida desde el Colectivo de periodistas #NiUnoMás Michoacán, busca frenar en el estado una disposición normativa que, fue promovida bajo el pretexto de penalizar la apología del delito, pero que, por lo vago y ambiguo de su redacción, abre la puerta a criminalizar todo acto que aluda o hable del fenómeno delictivo en la entidad.
En el juicio de amparo promovido, se argumenta que la reforma al Código Penal no se ajusta a los estándares internacionales desarrollados por los órganos interpretativos del sistema de Naciones Unidas sobre discursos de odio y libertad de expresión.
“A diferencia de lo establecido en la Observación General No. 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU y del artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que permiten restringir la libertad de expresión únicamente cuando exista una incitación directa al odio nacional, racial o religioso que derive en discriminación, hostilidad o violencia, la norma michoacana recurre a términos vagos como ‘glorificación’, ´promoción´ o ´apología´ de la delincuencia sin precisar el contexto, la intención, el contenido, ni el grado de daño probable”.
Se refiere además que la reforma tampoco cumple con los criterios propuestos en el Plan de Acción de Rabat –uno de los documentos más relevantes en materia de discursos de odio- el cual que exige un análisis detallado de seis factores (contexto, orador, intención, contenido y forma, alcance y probabilidad de daño) para justificar la sanción y/o prohibición de expresiones potencialmente dañinas.
“Al omitir dichos criterios, la reforma incurre en una regulación ambigua e indeterminada, contraria a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen la restricción de derechos en un Estado democrático de derecho. En consecuencia, dicha disposición penal representa un riesgo de censura arbitraria e inhibición injustificada de expresiones artísticas, narrativas o culturales, y es incompatible con el marco internacional de protección de la libertad de expresión establecido por las Naciones Unidas”.
Yannick Castro, de Red Azaleas, al sumarse a la acción colectiva hizo un llamado a la ciudadanía para recordar que la medida afecta a todas las personas, y recordó que en el caso de las personas activistas y defensoras es frecuente que sean amedrentadas y objeto de abuso de poder por las denuncias públicas que realizan los cuestionamientos y la crítica.
“Pero más allá de eso, a todas las personas nos afecta que se aminore la democracia, cuando se está limitando y controlando la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Este tipo de medidas además de que fomentan la censura y el abuso de poder, genera más condiciones de riesgo para toda la ciudadanía”.
Elizabeth Limón Ahumada, de la Colectiva Mapas manifestó la alarma que existe por la falta de disposición a repensar lo que calificó como “una imposición discursiva” con la reforma, ya que apuntó que la medida, no es de seguridad, de cuidado y protección sino que limita por mucho el acceso a la información y a conocer lo que está pasando.
“Nos parece que esto pone en riesgo además de la labor periodística, a toda la sociedad en general porque nos deja sin información que nos permita tomar tales o cuales decisiones e incluso accionar desde los lugares en los que estamos”.
