Un tribunal surcoreano condenó a prisión perpetua a una maestra de primaria de 48 años, declarada culpable del asesinato de una estudiante de siete años en la ciudad de Daejeon.

El crimen, ocurrido a inicios de año, ha conmocionado a la opinión pública y reavivado el debate sobre la evaluación psicológica y supervisión del personal docente en las escuelas del país.

De acuerdo con la sentencia, la profesora, identificada como Myeong Jae Wan, atacó a la menor dentro del aula durante la jornada escolar, la víctima, identificada solo por su apellido Kim, murió en el lugar a consecuencia de múltiples heridas. Tras el incidente, la mujer fue detenida en el mismo colegio y permaneció bajo custodia durante el proceso judicial.

El tribunal calificó el asesinato como “un acto de extrema crueldad cometido contra una víctima indefensa” y señaló la “falta de reacción institucional ante los antecedentes de conducta violenta” de la acusada; aunque la fiscalía había solicitado la pena de muerte, el juez optó por imponer cadena perpetua, argumentando que no existían las condiciones legales suficientes para una condena capital.

La investigación reveló que la docente ya había sido reportada por colegas y padres de familia por comportamientos agresivos dentro del aula, pero no fue retirada de sus funciones, entre los episodios registrados se incluyen ataques de ira, discusiones con otros profesores y daños a material escolar.

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Expertos en educación y psicología infantil han criticado la falta de seguimiento de las autoridades escolares, subrayando la necesidad de crear protocolos más estrictos para detectar y atender señales de inestabilidad emocional en el personal educativo. “Los docentes son responsables de garantizar un entorno seguro, cuando el sistema falla, los alumnos quedan expuestos”, afirmó un portavoz de la Asociación de Maestros de Corea.

El caso ha generado una ola de indignación en todo el país, los padres de familia, organizaciones civiles y sindicatos de docentes han exigido la implementación de evaluaciones psicológicas periódicas, así como líneas de denuncia anónima para reportar conductas inapropiadas dentro de los centros educativos.

El Ministerio de Educación anunció que revisará los protocolos de selección y monitoreo de profesores, además de reforzar la atención psicológica y las medidas de prevención en las escuelas públicas.

Mientras tanto, la familia de la víctima expresó su alivio por la sentencia, aunque insistió en que “ningún castigo será suficiente para reparar la pérdida”.

El crimen ha dejado una marca profunda en la sociedad surcoreana y ha abierto una conversación urgente sobre la salud mental, la responsabilidad institucional y la seguridad infantil en las aulas.

Fuente: El Heraldo de México