El plan de persecución del delito avanza con consultas inconclusas y retos estructurales en la FGE de Michoacán.
Morelia, Michoacán.- El fiscal General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, aseguró que su nuevo plan de persecución del delito será entregado en diciembre, aunque aún mantiene consultas pendientes con instituciones clave.
Carlos Torres Piña afirmó que la dependencia ya realizó nueve foros regionales con una asistencia acumulada de “aproximadamente de 8 mil 600 asistentes y con un promedio de alrededor de 500 propuestas distintas”.
Sin embargo, reconoció que todavía falta al menos un encuentro más con actores del sistema penal.
Detalló que además de los foros abiertos, se realizaron reuniones particulares con sectores ambientalistas, colectivos de búsqueda, grupos feministas, comunidades indígenas, transportistas, empresarios, la comunidad LGBTIIIQ+ y defensores de derechos humanos.
“Todas van a ser integradas en el plan de persecución del delito que estaremos entregando en los primeros 15 días de diciembre”, aseguró.
A pesar del volumen de propuestas, el fiscal admitió que la etapa de consulta aún no concluye, pues falta un foro adicional con el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Será más como un conversatorio. Prácticamente estamos concluyendo con las consultas”, dijo.
Además, reconoció limitaciones estructurales, pues mencionó que de los mil 700 policías de investigación que debería tener la institución, actualmente cuenta con solo 850.
Para hacer frente a ese déficit, Torres Piña informó un incremento presupuestal proyectado del “15.31 por ciento” y la creación de “220 plazas, entre policías de investigación, peritos y ministerios públicos”.
No obstante, la cantidad sigue lejos de la plantilla recomendada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El fiscal defendió que la ampliación presupuestal permitirá financiar salarios, equipamiento y capacitaciones.
También justificó la compra de tecnología ante el aumento de denuncias digitales.
“Con el nuevo sistema la ciudadanía está empezando a acudir a hacer su denuncia desde su celular y no tiene que venir a ratificarla”, detalló.
Las consultas retrasadas, la falta de claridad sobre la priorización de propuestas y la brecha estructural en recursos humanos abren interrogantes sobre la viabilidad real de un plan que, por mandato legal, deberá ser presentado en menos de dos semanas.
