Morelia, Michoacán

Pedir que se implemente la pena de México es ir contra los derechos humanos y legislar a lo fácil, pero no sirve para inhibir los delitos, opina el diputado local Antonio Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano (MC).

A propósito del asesinato de la pareja de intérpretes de señas que trabajaban en el Congreso y su hija, durante la sesión del pasado miércoles, el diputado del Movimiento del Sombrero, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, insistió en que se debería de adoptar esta medida, aunque su iniciativa para exhortar al Congreso de la Unión en ese sentido fue rechazada por el pleno.

Toño Carreño recordó en entrevista que la pena de muerte va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y así se entiende en la mayor parte de los países del mundo, pero además está demostrado que incrementar las penas no sirve para inhibir la comisión de delitos ni garantiza impartición de justicia más eficiente.

“Cuando un delincuente va a cometer un delito, seamos realistas, no agarra el Código Penal y revisa cuántos años tiene de pena para ver cuál de los delitos realiza”, señaló.

El diputado de MC agregó que en México el 45 por ciento de las cárceles tiene reclusos que no han recibido sentencia y se tienen “presuntos culpables”, por lo que habría que preguntarse si no se estaría corriendo el riesgo de ejecutar a inocentes si se implementara esta medida.

“Cuando uno legisla, tiene que revisar cómo genere y maximice el bienestar social y eso implica también generar el menos daño a la sociedad”, expuso Carreño Sosa.

Para el diputado naranja, seguir incrementando penas es una forma de legislar del siglos pasado que no disminuye los delitos, pero es más fácil:

“Es seguir legislando de la manera fácil. Súmale años, súmale años y digamos que estamos haciendo nuestro trabajo. Pensemos fuera de la caja, hagamos realmente una legislatura del siglo XXI y generemos condiciones distintas para que en Michoacán y en México haya justicia”, exhortó.

Lo que se necesita, plantea Antonio Carreño, es “fortalecer los mecanismos del Poder Judicial autónomo, dar mayor capacidad de la Fiscalía autónoma y endurecer los procedimientos para que la justicia esté del lado del Estado y no del lado de los criminales”.