Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO

Cuando nos encontramos a unas semanas para que llegue el 1 de septiembre, cuando rindan protesta ante el Senado de la república, quienes fueron elegidos en los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, es relevante aprender de lo ocurrido, en esta ocasión, en términos presupuestales.

Salvo su primera década de funcionamiento, en los años 90s el entonces Instituto Federal Electoral tuvo un apoyo muy importante para su puesta en operación, inclusive recuerdo una reunión a la que se convocó a todos los gobernadores de las entidades federativas del país a la mesa de la herradura del Consejo General, por el año de 1992, para solicitarles todo el apoyo para la credencialización para votar con fotografía.

Sin embargo, durante todo lo que va de este siglo, el IFE y ahora el INE ha incrementado progresivamente sus atribuciones, al tiempo de disminuir el porcentaje de lo que representa su presupuesto dentro del Gasto Neto Total del presupuesto de Egresos de la Federación.

La autoridad administrativa electoral federal ha tenido que enfrentar mayor número de demandas de actividades, al tiempo que se le crítica respecto a su presupuesto, al grado que se le pidió organizar una elección el doble de compleja que una Presidencial, con casi una tercera parte de lo que costaría una elección del tipo descrito. Aún y cuando con una muy reducida ampliación presupuestal y economías en el gasto corriente se lograron integrar unos 8 mil millones de pesos, que también son criticables.

Sin embargo, si la ciudadanía que fue a votar se encontró con boletas de reducido tamaño e inclusive, con un tamaño de letra sin mucha empatía con las condiciones visuales de muchas personas, ello fue producto precisamente del efecto de la reducción presupuestal.

Si en la elección judicial hubo un reducido número de casillas especiales y ninguna extraordinaria que acercara las casillas a comunidades alejadas, por condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales. Todo ello fue una consecuencia de la reducción presupuestal.

Las personas legisladoras federales que tienen la atribución de la aprobación del presupuesto deben ser sensible a que todo lo que legislan, cada palabra, cada acción, cada atribución, tiene una consecuencia presupuestal. De manera que, según el presupuesto asignado, así será la efectividad de lo que disponen en la ley.

La aprobación de un presupuesto no debería ser una opinión de café, sino la consecuencia seria de un análisis técnico.

Se ha llegado a proponer que la autoridad electoral podría ser menos onerosa, sin la existencia de la estructura desconcentrada, volviendo a los tiempos previos al IFE, en que los órganos desconcentrados ejecutivos eran constituidos temporalmente, haciendo crecer la improvisación, por donde se colaban una multitud de prácticas no deseables, por no decirles fraudulentas.

Se argumenta que, en la mayoría de los Oples del país, es decir, de los Institutos Electorales Locales, sus órganos desconcentrados son temporales y aún así se organizan elecciones locales; olvidando que la operación logística del padrón electoral, la ubicación de casillas, la integración de dichas casillas, así como la capacitación de sus integrantes, entre otras atribuciones, corren a cargo de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral.

Conste que no por ello demerito de ninguna manera a los Oples. En mis textos semanales siempre he defendido su existencia en el sistema nacional electoral, porque nos complementamos eficientemente, tan solo el registro de candidaturas locales y sus efectos tiene dimensiones que rebasan por mucho la cobertura de la autoridad nacional, por lo que requieren un procesamiento local; pero al mismo tiempo el INE ofrece a los Oples la aplicación técnica de la logística electoral, para que en dichos aspectos no se vincule la improvisación que llama al error y practicas no deseadas.

Además, a la hora de la documentación y material electoral, así como de los cómputos, es fundamental la existencia de ambas instituciones.

Además, el Estado Mexicano ha invertido recursos en la preparación de un cuerpo profesional que conoce todos los detalles de la legislación electoral y en particular de los procedimientos, que han llegado a un alto nivel de complejidad.

Es una realidad que las elecciones no se realizan en el Consejo General del INE, que tiene una muy importante función de guía y dirección, además de integración y supervisión; tampoco en las Juntas y Consejos locales, que tienen una muy importante atribución de guía, integración y supervisión particular en cada entidad federativa; sino en las trincheras de la organización electoral que son precisamente las Juntas Distritales Ejecutivas permanentes, que son acompañadas temporalmente por consejos distritales.

Sin esas Juntas Distritales Ejecutivas no podrían economizarse cantidades muy importantes de recursos, gracias a sus bodegas electorales, donde se resguardan materiales electorales para ser reutilizados.

Tampoco podría haber esa sinergia y optimización de recursos para acercar con una alta calidad la tramitación de la credencial para votar con fotografía.

Tampoco podría hacer esa misma sinergia y optimización de recursos para tener centros de verificación y monitoreo de los tiempos del Estado en radio y televisión.

Menos aún podría haber una estructura que hace posibles las miles de notificaciones que deben realizarse en materia de lo contencioso electoral y de la fiscalización.

Peor aún, no podría haber la posibilidad de disponer de una estructura que ha generado una memoria institucional sobre la forma de organizar elecciones profesionales en cada rincón del país.

Pero tampoco sería posible disponer de una estructura lista para que, en cualquier momento, se pueda organizar una elección no solo ordinaria, sino extraordinaria, o bien, una consulta popular o un ejercicio de revocación de mandato, sin contar con la complejidad que significa el proceso constitutivo de partidos políticos nacionales.

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*David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.