Por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ*
El pasado 4 de abril concluyeron en su encargo dos consejeras y un consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, después de nueve años en funciones conforme al periodo para el que fueron designadas y designado. Con su salida, se cierra un ciclo dentro de la integración escalonada del Consejo General, que ha sido una de las características del diseño institucional del INE.
Este hecho coincide, además, con un momento relevante para la institución: 12 años de la creación del INE, cuando la reforma electoral de 2014 transformó al entonces IFE en un órgano con atribuciones en las elecciones locales.
Sin embargo, este contexto institucional contrasta con una situación que no es menor. Hoy, el INE se encuentra incompleto. De las once consejerías que integran su Consejo General, únicamente ocho están en funciones, porque la Cámara de Diputados, responsable de realizar estas designaciones, emitió la convocatoria de manera tardía, repitiendo una práctica que ya se ha visto en otros momentos.
La falta de previsión en los tiempos no solo retrasa el nombramiento de quienes deben ocupar estos cargos, sino que también impacta en la operación de un órgano que, por su naturaleza, requiere estar plenamente integrado para la toma de decisiones.
El proceso de designación ya se encuentra en curso y se prevé que a finales de abril se concrete la integración completa del Consejo General. No obstante, más allá del calendario, lo relevante será la forma en que se tome la decisión.
La Constitución establece que estas designaciones deben realizarse mediante una mayoría calificada, lo que implica necesariamente el acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Este mecanismo busca dotar de legitimidad y equilibrio a la integración del órgano electoral.
El riesgo, como ocurrió la ocasión anterior, es que ante la falta de consensos se recurra al mecanismo de insaculación, es decir, a la llamada “tómbola”. Bajo este esquema, de entre las tres quintetas propuestas se elige al azar de cada una, a quien ocupará el cargo, dejando de lado el principio de construcción de acuerdos políticos.
Más allá de la legalidad del procedimiento, el fondo del asunto radica en la legitimidad de quienes integran el órgano electoral. No es lo mismo una designación producto del consenso que una derivada del azar.
Por ello, lo deseable es que la Cámara de Diputados logre construir los acuerdos necesarios y realice una designación que fortalezca institucionalmente al INE, especialmente en un contexto en el que se discuten reformas electorales y se avecinan procesos complejos.
Habrá que dar seguimiento a este proceso, no solo por quienes serán designados, sino por la forma en que se llegue a esa decisión.
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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
