¿Nuevo sistema electoral?

Yurisha Andrade Morales*

La integración por Decreto del Ejecutivo Federal, la emisión del reglamento para el funcionamiento de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, su temporalidad y objetivos planteados obligan a reflexionar en relación con un tema de la mayor relevancia para nuestro país: ¿la metodología que aplicará y las propuestas que formule la Comisión para ajustar la normativa electoral conducirán a una transformación radical del sistema nacional de elecciones que continúa vigente en nuestro país o se trata solo de algunas modificaciones al modelo actual?

​Conforme con el Decreto Presidencial, la Comisión podrá funcionar hasta el 30 de septiembre del 2030 o hasta el momento que decida la Presidenta. Los objetivos establecidos para su funcionamiento se detallan en el Punto Segundo: “convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México, realizar estudios sobre el tema, llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral, además de constituir los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

​En el Punto Tercero también se indica que: “la Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin votoLa Comisión plantea que todas las personas interesadas podrán participar a través de un portal que se abrirá para ello y a través de foros y audiencias públicas que se organizarán en la CDMX y en otras ciudades del país, a efecto de generar un amplio debate sobre 14 grandes temas, entre otros: sistema de partidos, autoridades electorales, regulación de la competencia política, libertad de opiniones, fiscalización, inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo y mecanismos de participación ciudadana directa. También se levantarán algunas encuestas, cuyos resultados serán informados a la Presidenta en el mes de octubre, mientras que las conclusiones se le entregarán en enero de 2026.

​Bajo este esquema, los trabajos para la siguiente reforma electoral entran en su fase de implementación con dos preguntas clave, cuyas respuestas quedarán pendientes para conocerlas sobre la marcha: la primera es sobre el plazo específico en el que la reforma será discutida en el Congreso; y la segunda consiste en saber si los trabajos de la Comisión implicarán una transformación radical de componentes esenciales de nuestro modelo electoral, habida cuenta de las primeras respuestas que a pregunta expresa han dado diversas voces de la 4T, sobre las posibles modificaciones a la estructura y atribuciones del INE, a los mecanismos de representación política, al monto del financiamiento público partidario y a la probable supresión de los organismos electorales estatales para concentrar en una institución nacional la organización de todas las elecciones y de los mecanismos de participación ciudadana.

​Tratándose de las reglas que rigen la competencia política y establecen las garantías para el pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales, hubiera sido preferible que la Comisión se integrara con un criterio de pluralidad que incluyera las voces de los partidos opositores, aspecto que matizaría su nacimiento por decreto presidencial y ofrecería otras garantías para el desahogo de un debate nacional, constructivo e incluyente. Las reglas del juego deben ser deliberadas por todas las fuerzas políticas y aprobarse por consenso, dado que deben ser observadas por todos en los procesos electorales.

​Como lo he sostenido en otras ocasiones, considero que debe mantenerse el método del consenso para garantizar la legitimidad de la reforma electoral que ya está en curso. Soy partidaria de que la ciudadanía exprese su opinión en encuestas redactadas por expertos en demoscopía, además de que, entre todas y todos, implementemos una pedagogía nacional para informar a la sociedad de quése trata la reforma electoral y los impactos que tendrá, lo cual daría oportunidad agenerar una opinión pública informada. Si los cálculos son correctos, estamos en el preámbulo de un cambio profundo al sistema electoral mexicano, cuya confección debe ser producto de un debate nacional constructivo e incluyente.

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade