El actual Acuerdo Global Modernizado entre el Gobierno de México y la Unión Europea asoma una luz comercial. Para el gobernador de Michoacán significa un juego cartas políticamente ideal para librarse de la agotante dependencia de Estados Unidos. En cambio, los puestos oficiales en Morelia festejan con champaña un manjar de exportaciones que aún no se cocinan en realidad.

La dureza de los números reales emociona a la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal, dirigida por Claudio Méndez Fernández. El pacto quita de impacto el 86 por ciento de los aranceles agropecuarios para los productos locales hacia el viejo continente. Con eso, nos referimos a un mercado latente de 450 millones de consumidores con un elevadísimo poder adquisitivo en euros y en francos.

Las huertas michoacanas emanan el negocio y las divisas frescas del otro lado del océano Atlántico norteño. La mercancía insignia como el aguacate, las berries, el limón y el mango tienen entrada fácil por su descarga. El puerto de Lázaro Cárdenas, tesoro logístico de la entidad se posiciona como el gran promotor de esta ruta naviera.

Con este escenario motivante se suma el aseguramiento legal para 568 indicaciones geográficas y alimentos con denominación de origen. Esta regulación detiene de golpe la piratería europea que suele agraviar las tradiciones líquidas de nuestra tierra. El mezcal de la región de Etúcuaro y el tequila de los municipios aledaños obtienen certidumbre jurídica ante imitaciones extranjeras.

Sin embargo, en el estado la riqueza camina a la par con la tragedia ambiental y la inmunidad legal institucional. El reglamento contra la deforestación de la Unión Europea, conocido como la rígida normal EUDR, exige una severidad verde intacta. Los productores locales de café, carne y frutas deben presentar que sus parcelas no pertenecen a lugares actualmente afectados.

Ahí es donde la motivación gubernamental tambalea con la cruda realidad del piso forestal de la entidad federativa. El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, asegura el funcionamiento tecnológico del software satelital conocido como el Guardián Forestal. El sistema supervisa en tiempo real el territorio, pero el hacha clandestina se mueve más rápido que las alertas gubernamentales.

Es cierto que, la certificación estatal ProForest Avocado ya emite un abarcamiento formal de 42 mil huertas de aguacate exportador. Esta herramienta certifica que el 90 por ciento del fruto enviado no proviene de una tala criminal del bosque. El detalle radica en el 10 por ciento restante y en las miles de hectáreas que trabajan en la ilicitud.

La discriminación europea será rápida para quienes sostengan huertas en el amparo de la ilicitud institucionalizada agraria. Los pequeños productores de la Meseta Purépecha y del Valle de Apatzingán serán los más afectados con este golpe, pues carecen del capital económico suficiente para presupuestar las costosas certificaciones internacionales de inocuidad y trazabilidad que remarca la Unión.

Mientras los dueños del agro celebran, los ganaderos de la Unidad de Producción Porcina de La Piedad palpitan con justa razón. El acuerdo libera a la aduana mexicana a toneladas de leche en polvo, quesos maduros y carne de cerdo de origen europeo. El libre comercio, tan aplaudido en los mensajes teóricos, advierten con enterrar a las estadías lecheras locales con subsidios del extranjero.

Hay una paradoja inequívoca en este tratado que los articulistas desde Bruselas y la Ciudad de México no tomaron en cuenta olímpicamente y es que, no se puede exportar con categorías del primer mundo cuando grandes territorios productivos sufren el calambre de la delincuencia organizada regional. El crimen amenaza con sus propios impuestos y fechas de corte en municipios clave como Uruapan, Tancítaro y Salvador Escalante.

El cobro de cuota, las extorsiones y el poderío del transporte someten un “arancel criminal” que merma la competencia del estado. Los inspectores y compradores de la Unión Europea prefieren la seguridad de sus inversiones y la certeza del suministro estratégico. Si los grupos de carga o los pasos de certificación son bajo alerta, el mercado europeo fácilmente concluirá su trato.

La historia y la memoria europea no olvida que este territorio es una mecha social variante de carente control. Es de recordar enero de 2014, cuando en ese entonces presidente Enrique Peña Nieto descendía al viejo continente, en plena escala aérea hacia el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, se daba cuenta del nacimiento de las autodefensas.

Tras ese levantamiento armado de civiles en Tierra Caliente michoacana movió la agenda de jefes en el Estado Europeo. Las tomas de civiles armados enfrentando al crimen organizado detonaron la certeza y planeación internacional del gobierno federal. Desde eso, la vista corporativa de Europa vigila a Michoacán con un resentimiento entendible por su fragilidad institucional.

La posibilidad de una alianza comercial variará de la capacidad institucional para apaciguar las huertas y avalar la seguridad legal del inversionista. El potencial michoacano es indiscutible por su localización geográfica logística y la irrebatible calidad de su mano de obra campesina. El piso estatal es fructífero para la riqueza, pero la debilidad de la entidad de derecho acostumbra apagar las mejores negociaciones.

Al final de la expedición, el trato europeo es un reflejo que deslumbra las imperfecciones del Michoacán moderno. Una casta agroexportadora altamente tecnificada y lista para competir versus los productores de España, Países Bajos y Francia. Y, por otro lado, una porción de campesinos relegados, detenidos entre la burocracia verde, la supresión y la violencia.