Ciudad de México
La caída esperada este año en el flujo de remesas que ingresa a México pone en riesgo la salud financiera de hogares de menores recursos, en los que la recepción de esos recursos supera en algunos casos 30% de sus ingresos.
Una publicación de El Universal refiere que analistas económicos anticipan una reducción de entre 4% y 6% en las transferencias que realizan desde el extranjero los paisanos a sus familias, sobre todo los que emigraron a Estados Unidos, reflejando ya la debilidad en el sector laboral del país vecino, las políticas migratorias agresivas del presidente Donald Trump, así como un tipo de cambio más favorable al peso.
De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas 2025 de BBVA, publicado el miércoles previo, en hogares receptores de remesas más de 30% de sus ingresos corrientes provienen de esa fuente. Así, la proporción combinada de ingresos por remesas y trabajo puede llegar a 67%, superando las percepciones laborales de familias que no reciben remesas, en las cuales representan un promedio de 64.4%.
El diario mexicano refiere que aunque a nivel nacional las remesas representan 3.5% del producto interno bruto (PIB), en algunos estados la dependencia sobre esos recursos es significativamente mayor.
Chiapas tiene la mayor proporción, con 14.6% de su PIB originado por esa vía, y le siguen Guerrero (14%), Michoacán (11%), Zacatecas (10.9%) y Oaxaca (10.3%).
El caso de Chiapas destaca, pues históricamente no figuraba entre los estados con mayor dependencia de las remesas, pero recientemente su situación cambió de manera acelerada, influida en parte por los flujos migratorios de Centro y Sudamérica.
En contraste, Campeche, Tabasco y Nuevo León registran un impacto mínimo, con porcentajes que van de 0.5% a 0.9% del PIB, lo que muestra el efecto desigual de la fluctuación de las remesas en distintas regiones del país.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), alertó en su último Estudio Económico regional, que la capacidad de las remesas como factor amortiguador se verá cada vez más limitada por los posibles cambios en la política migratoria o la adopción de otras medidas por parte de Estados Unidos, como un mayor control sobre el envío de fondos o la aplicación de impuestos y gravámenes que encarecen las transferencias.
