Alcaldías y policías municipales consultan a grupos criminales para autorizar o negar el ingreso de Madres Buscadoras a zonas de búsqueda en Michoacán, señaló la activista Margarita López.
Morelia, Michoacán.-La activista y exdiputada Margarita López Pérez reveló que en Michoacán el acceso de las Madres Buscadoras a comunidades controladas por grupos delincuenciales depende de una gestión hecha por las propias autoridades municipales, quienes actúan como intermediarias entre los colectivos y el crimen organizado.
En entrevista, explicó que antes de cada incursión, las brigadas de búsqueda están obligadas a informar a los alcaldes, policías municipales o comisariados ejidales los puntos a revisar, los horarios y el propósito de la intervención.
Esas autoridades, relató, son quienes “consultan” con los grupos criminales que operan en la zona para determinar si se autoriza o no su ingreso.
“Nos dicen: déjeme consultar con las personas, y después nos regresan la llamada para avisar que no podemos entrar”, señaló.
López Pérez apuntó que la sorpresa no es que existan territorios bajo dominio criminal, una realidad conocida por los colectivos, sino que la autorización se gestione a través de funcionarios públicos, lo que exhibe la profundidad del sometimiento institucional en varios municipios.
Aseguró que Tepalcatepec, Aguililla y Los Reyes permanecen vetados para las Madres Buscadoras, en razón de negativas transmitidas por los propios gobiernos municipales, pese a que habitantes de esas zonas han proporcionado datos y posibles puntos de búsqueda durante las tomas de ADN realizadas en la 21 Zona Militar.
Recordó además un operativo previo en Tepalcatepec, donde, acompañada de buzos de la Policía Federal, únicamente se les permitió extraer los cuerpos cuya descripción coincidía con la ropa o características que buscaban las familias; los demás debían permanecer en el agua.
Para López Pérez, ese episodio revela cómo el control territorial opera incluso sobre intervenciones humanitarias.
Sostuvo que esta dinámica coloca a las madres en una situación de vulnerabilidad extrema: dependen de la voluntad del crimen organizado y de la disposición, miedo o capacidad de las autoridades municipales para gestionar el acceso. En sus palabras, “hay lugares donde simplemente nos dicen que no se puede, y lo obedecen”.
López Pérez afirmó que mientras persista esta estructura de permisos, consultas y vetos, la búsqueda de personas desaparecidas seguirá subordinada a poderes criminales con intermediación institucional, sin que el Estado garantice condiciones reales para recuperar restos o indicios.
