La diputada Vanessa Caratachea señala que para Centro de Justicia para la Protección de la Niñez y la Adolescencia en Michoacán, los 35 millones de pesos etiquetados están en el limbo.
Morelia, Michoacán.- En el limbo se encuentran los 35 millones de pesos que fueron etiquetados por el Congreso de Michoacán para la construcción del Centro de Justicia para la Protección de la Niñez y la Adolescencia en el estado.
De acuerdo con la diputada Vanessa Caratachea Sánchez, presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Congreso local, las autoridades no han proveído a la Cámara la información sobre el destino de los 35 millones etiquetados para el Centro dentro del presupuesto estatal de 2024.
Cabe recordar que el 25 de octubre de 2023, el Congreso del Estado aprobó la creación del Centro con el objetivo de lograr una atención multidisciplinaria para niñas, niños y adolescentes en Michoacán. En el presupuesto estatal para 2024 se etiquetaron recursos al respecto.
“El Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, cuya instalación estaba prevista en Morelia, aún no se ha concretado. Desde la Comisión de Protección a las Niñas y Adolescentes, durante la Glosa del informe del gobernador, solicitamos información sobre los avances de este centro, dado que no se incluyó en dicho informe”, refirió Vanessa Caratachea.
Entrevistada sobre el particular, apuntó que también en la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, de la que también forma parte, se mencionó el asunto también en la Glosa del Informe, pero el dictamen se pospuso en espera de información adicional.
“Al cuestionar al secretario de la SCOP sobre la situación, nos informó mediante un oficio que no se le asignó presupuesto alguno para esta construcción. Por lo tanto, seguimos a la espera de una reunión en profundidad con él para esclarecer el destino de este Centro de Justicia”.
Refirió que los recursos etiquetados provenían de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública. “Si bien el presupuesto cubría la construcción, la operación presentaba complicaciones, ya que se requerían recursos adicionales y la colaboración de diversas instancias como el DIF, la Fiscalía General y otras dependencias.
“Esto significa que, ante la llegada de un niño o niña, sería necesario coordinar la asistencia de un médico o psicólogo con el DIF o la Fiscalía, lo cual dificultaría su operatividad. Parece que no se consideró la fase operativa, centrándose únicamente en la construcción, que hasta la fecha no se ha realizado, desconociéndose el paradero de los fondos asignados”.
Recalcó que el tema se está investigando para conocer el destino de esos fondos, las razones por las cuales no se llevó a cabo la construcción y el motivo por el cual el Secretariado Ejecutivo desatendió el mandato del Congreso “lo cual implica una responsabilidad”.
A pregunta expresa acerca de si la falta de operación del Centro obedecería a motivos de índole personal, por ser un proyecto que en su momento encabezó Grisel Tello, presidenta del DIF estatal, la legisladora apuntó que sería lamentable que así fuera.
“Los niños, niñas y adolescentes no deben verse perjudicados por cuestiones ajenas a sus necesidades. Es fundamental separar ambos aspectos, ya que este Centro de Justicia alternativo contribuiría a evitar la revictimización de las infancias que han sido víctimas, brindándoles acompañamiento en sus procesos”.
“Espero que no sea así, ya que implicaría anteponer temas personales a un proyecto que beneficiaría a una población vulnerable que representa una tercera parte del Estado de Michoacán: las niñas, niños y adolescentes”.
