Gustavo Petro y su familia fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU, tras ser incluidos en la Lista Clinton por presuntos lazos con el narcotráfico.
En un movimiento sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) anunció la inclusión del presidente colombiano, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro en la famosa “Lista Clinton”.
También se incluyen al ministro del Interior, Armando Benedetti, un cercano colaborador de Petro.
El comunicado oficial del Tesoro indica que la decisión se debe al “papel del presidente Petro en la proliferación internacional de drogas ilícitas”, destacando que durante su mandato “la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récord”.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que Petro “ha permitido el florecimiento de los cárteles” y que su gestión “ha debilitado la cooperación antidrogas con Estados Unidos”.
Inclusión en la Lista Clinton
La inclusión en la Lista Clinton provoca la congelación inmediata de activos y el bloqueo de transacciones con empresas o ciudadanos estadounidenses, además de restricciones financieras y diplomáticas.
Washington también acusa al mandatario de “favorecer a redes narcoterroristas bajo el discurso de paz total”, lo que ha deteriorado la confianza con organismos de cooperación internacional.
Desde Bogotá, Petro calificó la sanción como “una paradoja”, señalando que “luchar contra el narcotráfico durante décadas me trae esta medida del país que más consume cocaína”.
Su abogado en Estados Unidos, Dany Kovalik, es conocido por representar casos de derechos humanos en América Latina.
Crisis diplomática Colombia-EEUU
La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos se ha intensificado en las últimas semanas, después de que el presidente Donald Trump suspendiera la ayuda financiera a Bogotá y revocara la visa de Petro, acusándolo de ser un “líder del narcotráfico”.
En Washington, esta medida se ve como parte de una política más estricta de Trump hacia gobiernos considerados “permisivos con el narcotráfico y aliados de regímenes autoritarios del continente”.
En Colombia, las reacciones han sido divididas. Mientras sectores opositores acusan a Petro de “convertir el país en un santuario del narcotráfico”, sus aliados argumentan que la sanción tiene tintes políticos y busca “presionar al gobierno por no alinearse totalmente con la agenda estadounidense”.
Analistas coinciden en que esta decisión marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington, con consecuencias económicas, diplomáticas y de seguridad que podrían extenderse por años.
