URBANÓPOLIS
El INFONAVIT INCENTIVA LA ILEGALIDAD | Salvador García Espinosa
Gran polémica ha suscitado la muy desafortunada declaración del actual titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quien dejó en la ruina a Pemex, al informar que “el Instituto va a implementar un plan para que las personas que invadieron una vivienda deshabitada puedan quedársela mediante un arrendamiento con opción a compra, y así en un periodo de 4 a 5 años puedan ser dueños”.
Las declaraciones evidencian no sólo la incompetencia del funcionario en cuestión, sino un asombroso desconocimiento en la materia de vivienda que sólo se puede entender por ignorar al equipo técnico que por años ha laborado en el INFONAVIT. Ha sido tal la controversia propiciada, que la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, intentó intervenir, asegurando una vez más que no se hará nada que atente contra la propiedad; al día siguiente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, pretendió tranquilizar, sin éxito, a los organismos empresariales del ramo habitacional.
Para comprender lo absurdo, pero peligroso, de la iniciativa para el mercado inmobiliario y cualquier propietario de una vivienda, se deben tener presentes al menos los siguientes dos antecedentes:
- El fracaso de la política en el otorgamiento de créditos habitacionales queda en evidencia en la existencia de poco más de 6 millones de viviendas deshabitadas y que representa aproximadamente el 14% del total de viviendas en el país. Se debe puntualizar que, de este total, algunas nunca se vendieron, otras se abandonaron por sus dueños, otras se otorgaron con irregularidades como doble asignación, sin respaldo crediticio o créditos ficticios.
- El pasado 1 de abril del presente año, fue noticia nacional el caso de Doña Carlota “N”, una mujer de 73 años, tras días después de haber denunciado que la vivienda de su hija ubicada en Chalco, Estado de México, se encontraba invadida y ocupada de forma ilegal por unos desconocidos. Ante la nula acción de las autoridades, acudió con su hijo y dispararon contra los ocupantes ilegales. A partir de los hechos se dio a conocer que existen grupos organizados que, ante la nula actuación de las autoridades, ofrecen sus servicios para realizar el desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente o por inquilinos morosos.
Ahora bien, la propuesta de ofrecer a los ocupantes ilegales de una vivienda, que además no cotizan en el INFONAVIT, la posibilidad de adquirirla en mensualidades a manera de renta y en un plazo de 5 años. Resulta por decir lo menos, absurdo, si se considera que un crédito del Infonavit se obtiene después de años de aportación, cumplir una serie de requisitos y se paga en un plazo de hasta 30 años.
En un país donde la inseguridad es el principal problema, no resulta cosa menor que en la conferencia de prensa mañanera, principal escaparate del Gobierno Federal, se mande la señal de que el despojo podría ser la puerta de entrada a una vivienda digna. Mientras que miles de familias en México, cada día se esfuerzan por pagar sus hipotecas y cumplir con sus obligaciones financieras y tributarias.
Inexplicablemente el Gobierno Federal o al menos el titular del INFONAVIT parece ignorar que muchas de las viviendas que hoy están deshabitadas o se encuentran ocupadas ilegalmente, TIENEN DUEÑO, NO SON PROPIEDAD DEL GOBIERNO, alguien las adquirió a través de un crédito del Infonavit y tal vez, ante lo impagable del crédito deciden abandonarlas, lo caro que implica vivir en desarrollos tan alejados de la ciudad o, peor aún, ante la falta de mecanismos efectivos y ágiles para el desalojo por impago.
Si el objetivo, a decir de la Presidenta, es ocupar las viviendas deshabitadas, primero deberían de resolver problemas de cartera vencida, misma que se estima en casi 20%, y dar facilidades para su adquisición a sus legítimos propietarios.
Desafortunadamente, las declaraciones al respecto de la vivienda, no se pueden aislar de casos como el del Gobernador de Puebla en abril del presente año, quien evidentemente pretende abusar de la facultad gubernamental de la expropiación, para recibir “donaciones” de predios de particulares. De que hace apenas unos meses, el Gobierno de la CDMX comenzó a realizar un censo en colonias de clase media y alta para identificar inmuebles, con el pretexto de actualizar el Catastro; pero trascendió que la verdadera intención era identificar qué casas, terrenos y edificios podían ser expropiados para dotar de vivienda a quienes carecen de ella
Por el bien de todos, ante las significativas ambigüedades en las declaraciones del titular del INFONAVIT, el Gobierno Federal requiere urgentemente dar señales claras que fortalezcan y garanticen la certeza jurídica sobre la propiedad, un pilar fundamental para la estabilidad económica y social.
