La violencia del narco provoca desplazamiento forzado en Michoacán, por ello, ACNUR declara emergencia y llama a la ayuda humanitaria.
Morelia, Michoacán.- Al menos 500 personas fueron desplazadas el 15 de marzo, tras enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado en las comunidades El Alcalde y El Guayabo, en Apatzingán, según informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) al alertar la situación del desplazamiento forzado en Michoacán por actividad del narco.
De acuerdo con la ACNUR, otras mil personas quedaron atrapadas en las localidades de El Mezquital, Guanajuatillo, Holanda y Los Laureles, de los municipios de la Tierra Caliente, ante lo cual, la organización denunció que los grupos del crimen organizado bloquean la ayuda humanitaria y restringen el acceso a las zonas afectadas.
El pasado 16 de marzo, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán alertó a las autoridades sobre la crisis, y en respuesta, la Secretaría del Migrante instruyó al Sistema DIF estatal para brindar apoyo alimentario y asistencia de emergencia a 150 desplazados albergados en Apatzingán, utilizando colchonetas y artículos de higiene donados por ACNUR en 2023.
Dos días después, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) inició un operativo para proteger a las familias desplazadas y a quienes intentaban regresar a sus hogares, además de que se acordó instalar dos bases temporales de seguridad en la zona, mientras el DIF y autoridades migratorias distribuían ayuda humanitaria.
Un Comité Interinstitucional, creado con apoyo de ACNUR para coordinar la atención al desplazamiento interno, anunció que en breve emitirá un plan de emergencia integral, en tanto que las autoridades también aplicarán una herramienta de evaluación rápida de necesidades, desarrollada en colaboración con el organismo internacional en 2023, para agilizar la respuesta.
ACNUR detalló que, desde noviembre de 2024, la violencia en la región de Tierra Caliente y zonas aledañas de Colima y Jalisco se ha intensificado debido a choques entre grupos criminales, provocando el desplazamiento de cientos de personas.
En diciembre, cuatro soldados murieron por minas terrestres en Buenavista, Apatzingán y Cotija, mientras que varios jornaleros también fueron víctimas o resultaron heridos en enero, ya que la zona concentra 40 por ciento de los explosivos incautados en el país durante 2024.
La inseguridad también forzó el cierre de 30 escuelas en enero pasado, y aunque algunas familias regresaron en febrero de 2025, el acceso a servicios básicos sigue limitado, lo que aumenta el riesgo de nuevos desplazamientos.
Al menos 700 personas han migrado hacia la frontera norte con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, permaneciendo actualmente en albergues de Tijuana, al igual que en Morelia, donde también ha recibido a cientos de desplazados.
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El 19 de marzo, un juez ordenó a las autoridades federales y estatales elaborar un plan para localizar y retirar minas en Michoacán, con informes de avance cada 72 horas, aunque la Sedena impugnó la resolución el 21 de marzo, el juez les concedió 48 horas para cumplir.
Mientras tanto, habitantes de Apatzingán han colocado señalamientos en carreteras para advertir sobre la presencia de artefactos explosivos.
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La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados emitió una declaratoria de emergencia, subrayando la urgencia de proteger a la población civil y garantizar el acceso humanitario.
