El desplazamiento forzado en Apatzingán afecta a 150 personas. La violencia y la falta de respuesta agravan la crisis.

Morelia, Michoacán.- A pesar de que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reportó que el desplazamiento forzado en Apatzingán ha afectado a 500 personas, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo asegura que la cifra real no rebasa las 150.

Su insistencia en minimizar la magnitud del problema contrasta con el temor y la incertidumbre que persisten entre los habitantes de la región, quienes han tenido que abandonar sus hogares por la presencia de grupos criminales y la supuesta instalación de explosivos en caminos rurales.

“Lo que nosotros tenemos reportado hasta el momento es que, a partir de la semana pasada, que se instaló una base de operaciones en la comunidad del Alcalde, algunas familias pudieron regresar a sus casas, pero desde luego que existen daños a la infraestructura”, afirmó la alcaldesa.

Sin embargo, su declaración no aclara las condiciones de seguridad en la zona ni explica por qué tantas personas aún se niegan a regresar.

Según la alcaldesa, el municipio ha implementado acciones para apoyar a los desplazados, pero los recursos son insuficientes.

“Nosotros hicimos un censo rápido y en este censo nos reportaban 16 familias completas que habían salido de la comunidad de El Alcalde. Prácticamente todas estaban con familiares cercanos, por lo que no hubo necesidad de habilitar un refugio”, justificó.

La falta de refugios y de una estrategia clara para atender a los desplazados deja en evidencia la limitada capacidad de respuesta del municipio.

Además, su insistencia en que la mayoría de los afectados han optado por regresar tras la instalación de la base de operaciones de la Sedena no explica el clima de inseguridad que persiste en la región ni responde a los testimonios de quienes han denunciado amenazas directas.

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Minas y violencia: una crisis subestimada

Uno de los mayores riesgos que enfrentan los habitantes de estas comunidades es la posible presencia de minas terrestres en los caminos rurales. Sin embargo, la alcaldesa evade profundizar en el tema.

“Tenemos tres caminos principales que a su vez tienen brazos que comunican a otras comunidades, pero el más visible y en foco rojo es el puente de fierro que comunica la comunidad de El Alcalde, el cual está cerrado y resguardado por la Sedena”, afirmó.

No obstante, al ser cuestionada sobre el conocimiento que tiene su administración de la ubicación exacta de las minas, la alcaldesa admitió que esa información no les es compartida.

“Lo que nos muestran son algunas fotografías y cartulinas que se dejan ahí, pero yo no podría tener constancia si efectivamente hay un explosivo sembrado o si solo es un mecanismo para infundir temor”.

Esta declaración evidencia la falta de coordinación entre autoridades locales y federales, así como la incertidumbre en la que viven los pobladores.

Crisis económica y falta de denuncias

El sector citricultor, fundamental para la economía local, también se ha visto afectado por la crisis de inseguridad. Según Arreola Pichardo, la producción de limón ha caído hasta en un 30 %, aunque evitó precisar una cifra exacta.

“Va restableciéndose poco a poco la actividad, pero en este momento el 100 % no está funcionando”, mencionó.

En cuanto a las extorsiones que han denunciado los productores, la alcaldesa minimizó el problema, asegurando que no ha recibido reportes recientes.

“De manera particular yo no he recibido ninguna denuncia y el último informe que yo tenía de fiscalía es que no había una denuncia nueva adicional al registro que ya existía”, dijo.

Sin embargo, este argumento deja sin respuesta las constantes quejas de los productores y empacadores que aseguran que las extorsiones persisten y que denunciar ante las autoridades no garantiza seguridad alguna.

Respuesta insuficiente del gobierno municipal

A pesar de la magnitud del problema, la alcaldesa reconoció que el municipio no tiene un presupuesto específico para atender emergencias como el desplazamiento forzado.

“No se presupuesta de manera ordinaria, porque no se prevé que esto suceda”, declaró.

Sin embargo, esta afirmación ignora la realidad de la región, donde la violencia ha sido una constante en los últimos años y el desplazamiento forzado no es un fenómeno nuevo.

Hasta el momento, el gobierno municipal ha destinado apenas 135 mil pesos para atender a los desplazados, una cantidad insuficiente considerando la crisis humanitaria en la zona.