El reciente nombramiento del expresidente municipal de Huandacareo, Humberto González Villagómez, como enlace con autoridades municipales por parte del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, ha generado sorpresa y malestar en diversos círculos políticos del estado.
Y es que González Villagómez fue un colaborador cercano del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, actualmente bajo investigación por diversos delitos relacionados con presunto desfalco al erario público de Michoacán durante su administración. El hecho de que un personaje vinculado al grupo político del silvanismo —cuestionado por corrupción y abuso del poder— sea ahora promovido por la dirigencia del PRD, pone en entredicho los discursos de renovación y ruptura con el pasado que dicho partido ha intentado posicionar en las últimas semanas. El mismo Octavio Campos declaró a medios en noviembre de 2024: “Desde noviembre del año pasado, nosotros hicimos pública la distancia y la salida del exgobernador del estado, su hermano y el propio dirigente, Juan Bernardo. Ellos decidieron iniciar un partido nuevo, un proyecto nuevo, y desde entonces manifesté que ya no eran parte del PRDM.”
Pero las dudas no terminan ahí. El exalcalde Humberto enfrenta actualmente una denuncia penal con número de expediente MOR/053/2851/2025 por el delito de robo de transporte, interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán el pasado 16 de mayo de 2025.
La denuncia gira en torno a un camión Volteo marca International, modelo 2011, con número económico CV-09004, propiedad del Gobierno del Estado y adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que fue entregado en comodato al municipio de Huandacareo en diciembre de 2019. Tras la salida de González Villagómez del gobierno municipal, el vehículo no fue devuelto a la nueva administración, a pesar de estar debidamente registrado como bien público.
De acuerdo con el testimonio contenido en la denuncia, el exalcalde habría argumentado que el camión estaba dañado y que no lo entregaría hasta recibir un reembolso por reparaciones supuestamente realizadas, además de intentar coordinar su entrega en otro lugar y a través de terceros, sin pasar por los canales oficiales.
El hecho de que un actor político con este tipo de señalamientos y vínculos con estructuras cuestionadas del pasado reciente sea promovido nuevamente en cargos de interlocución institucional pone en duda los verdaderos compromisos del PRD con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción.
