Aquila, Michoacán
En medio de un clima de tensión, bloqueos carreteros y vehículos incendiados sobre la carretera federal 200, la Comunidad Originaria de Pómaro lanzó un enérgico pronunciamiento público tras el asesinato de dos de sus autoridades comunales y un joven maestro, víctimas de una emboscada armada registrada en la costa de Michoacán.
Las víctimas fueron identificadas como Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal; el licenciado Gerónimo García Flores, representante jurídico de la comunidad, y un joven profesor que presuntamente había pedido un aventón en la camioneta oficial del comisariado comunal.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando los comuneros circulaban sobre el tramo carretero Colola–Maruata, donde sujetos fuertemente armados interceptaron la unidad y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Trascendió que el atentado iba dirigido contra integrantes del comisariado de bienes comunales, aunque el representante principal no viajaba en el vehículo al momento de la agresión.
Tras los asesinatos, habitantes de Pómaro bloquearon la carretera costera, atravesaron vehículos y les prendieron fuego para exigir justicia y denunciar que desde hace meses venían alertando sobre amenazas relacionadas con su lucha por el autogobierno y el manejo directo de los recursos públicos.
En un comunicado dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; al Gobierno Federal; a la Fiscalía General de la República y a organismos internacionales, la comunidad acusó directamente al presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén, como presunto responsable intelectual de las amenazas y de la violencia que hoy enluta a la comunidad indígena.
“Responsabilizamos públicamente al C. José María Valencia Guillén por la muerte cobarde de nuestros compañeros”, señalaron de manera contundente en el documento.
La comunidad aseguró que las amenazas comenzaron desde que iniciaron el proceso legal para transitar al autogobierno y ejercer el derecho al presupuesto directo, situación que —afirman— afectaba intereses políticos y económicos dentro del municipio.
Asimismo, denunciaron que el crimen organizado mantiene presencia y presión constante en la región, situación que ya había sido advertida por las propias autoridades comunales sin que, acusaron, existiera una respuesta efectiva por parte de los gobiernos estatal y federal.
Los pobladores exigieron la intervención inmediata de fuerzas federales, protección para las autoridades comunales y civiles, así como que la Fiscalía General de la República atraiga el caso e investigue a fondo tanto a los autores materiales como intelectuales del triple homicidio.
El asesinato de los dos representantes comunales y del joven maestro ha provocado indignación entre comunidades indígenas de la costa-sierra de Michoacán, donde pobladores advierten que no permitirán que estos crímenes queden impunes.
