El pleno aprobó las reglas y criterios sobre la incompatibilidad de las personas participantes en las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales Locales 2024-2025, para ser postuladas a más de un cargo de elección popular.

Dichas reglas y criterios establecen que de existir casos de personas candidatas registradas a dos o más cargos, materias o especialidades, a nivel federal y local, el Consejo General o, en su caso, el Organismo Público Local (OPL) procederá a la cancelación automática de la primera candidatura registrada.

De este modo, quedará subsistente únicamente la última candidatura registrada, de lo cual se deberá informar al Senado de la República, al OPL, al Congreso estatal correspondiente, atendiendo a cada caso y a la persona candidata de manera personal.

La Secretaría Ejecutiva del Instituto y los OPL publicarán en sus respectivas páginas oficiales los listados de candidaturas registradas, incorporando un apartado donde se señalen las cancelaciones realizadas por incompatibilidad. Dicha publicación deberá garantizar que la información sea accesible y clara para la ciudadanía y demás actores del Proceso Electoral Judicial.

De igual manera, se harán del conocimiento de los consejos locales y distritales del INE que correspondan, con la finalidad de que los votos que se realicen a favor de la candidatura cancelada se consideren como votos nulos.

Además, los supuestos de candidaturas canceladas por incompatibilidad se deberán hacer del conocimiento de la Unidad Técnica de Servicios de Informática para que, a su vez, los integre en el Sistema de Cómputos Distritales del PEEPJF 2024-2025, con la finalidad de automatizar su clasificación como supuestos de nulidad.

Finalmente, las y los consejeros emitieron los Lineamientos que regulan el trámite de las solicitudes del ejercicio de la función de Oficialía Electoral, por las personas candidatas a juzgadoras, así como la actuación del personal que cuente con la función delegada en el PEEPJF 2024-2025.

Dichos lineamientos tienen como propósito garantizar el derecho de las personas candidatas a juzgadoras, a través de los principios de legalidad y certeza jurídica, para que cuenten con el respaldo documental necesario para certificar actos y hechos que pudieran afectar la organización del proceso electoral, la equidad de la contienda o pudieran configurar violaciones a la legislación electoral.