El ayuntamiento de Morelia autoriza 296 viviendas en zona de riesgo de inundación, pese a advertencias de Protección Civil y Conagua.
A pesar de estar ubicado en una zona identificada como de alto riesgo de inundación, el ayuntamiento de Morelia autorizó de forma definitiva la construcción del desarrollo de viviendas “El Cafetal”, que contempla 296 departamentos de interés social en una superficie de apenas 10 mil 505 metros cuadrados.
El proyecto, promovido por la empresa Grupo Constructor Vamadem S.A. de C.V., fue aprobado por el Cabildo el 17 de junio, pese a que la advirtió que el predio colinda con el cauce del Río Grande de Morelia y se encuentra en un polígono de alto riesgo.
El dictamen técnico recomendó elevar el nivel del piso terminado y realizar obras hidráulicas capaces de manejar los escurrimientos pluviales de la zona norte del terreno.
“La escalera de emergencia debe ser adicional a la escalera de servicios”, precisa el documento, además de advertir sobre la necesidad de cumplir con normas contra incendios y de señalética de protección civil.
Conagua
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), por su parte, indicó que el predio se encuentra dentro de una franja de protección de 35 metros establecida por la obra hidráulica federal de rectificación del cauce.
Solicitó no exceder la capacidad de carga del suelo para evitar “asentamientos diferenciales” que comprometan la estructura de las torres.
El expediente técnico 1165/23 contempla la construcción de ocho torres en régimen de condominio vertical, con alturas de hasta cinco niveles, cimentación somera y una densidad habitacional superior a 28 viviendas por cada mil metros cuadrados.
La Dirección de Medio Ambiente otorgó el dictamen de sustentabilidad de manera condicionada y exigió la entrega de 250 árboles como compensación ambiental.
La empresa ya pagó 4 millones 885 mil pesos al OOAPAS por concepto de factibilidad de servicios, y donó al Ayuntamiento tres áreas que suman poco más de mil metros cuadrados como espacio público.
Sin embargo, el dictamen establece que antes de su municipalización deberá retirarse cualquier obstáculo que impida el libre tránsito o acceso al desarrollo.
“La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad deberá vigilar en todo momento el cumplimiento por parte de la empresa de las disposiciones legales aplicables”, señala el acuerdo aprobado por el Cabildo.
